En esa medida, se podría entender entonces que el objeto es tener una mayor eficacia para la materialización de los derechos otorgados mediante un laudo como reconocimiento pleno al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Así entonces, la Convención de Nueva York determinó el respeto al derecho más favorable al mínimo establecido por la Convención. Ello por cuanto a que el fin en sí mismo es dotar de mayor eficacia al arbitraje, propiciando el mayor número de laudos ejecutados sin que ello signifique una violación al orden público, puesto que cada autoridad a la que se solicite la ejecución tiene no solo la facultad, sino la obligación, de vigilar el respeto al contenido de sus normas y derechos esenciales.Īdicionalmente, la Convención no previó como obligatoria la no ejecución de un laudo ante una anulación previa, sino que por el contrario otorgó discreción al juez solicitado.
Si se tiene en cuenta el propósito al que atiende la Convención, no tendría lugar afirmar que un laudo anulado en la sede sería inejecutable en otro país. Coincide con esta postura el profesor Peter Sanders, al afirmar que la Corte ejecutante se negaría a materializar un laudo nulificado pues ello significaría una imposibilidad o inclusive atentaría en contra del orden publico pues se trata de un acto que ya no existe. La pregunta ha generado diversas posturas, alguna que da preponderancia a la a la inexistencia del acto anulado, otra a la autonomía del laudo y una intermedia Įn el caso de PT First Media TBK v Astro Nusantara International BV y otros, la Corte de Apelaciones de Singapur estableció que, el criterio para determinar si se debe reconocer y ejecutar o no un laudo nulo es dudoso ya que en sí el efecto erga omnes de la nulidad conlleva a la conclusión de que no existe laudo que ejecutar. Si se entiende por anulación a la declaración de invalidez de un acto a través de las autoridades competentes y dado que la Convención refiere expresamente como competentes para nulificar un laudo a las autoridades del país sede del arbitraje, cabe entonces la duda ¿Por qué ejecutar un laudo cuya sede ha declarado la invalidez de sus efectos jurídicos? Es decir, que la autoridad de la sede del arbitraje, el vínculo jurisdiccional del arbitraje, haya declarado la invalidez o suspensión de un laudo.
La palabra podrá refiere a un poder real que concede discreción para decidir si se concederá o denegará el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.Įn el inciso (e), se indica que la potestad se actualiza si la parte contra quien se invoca comprueba que la sentencia arbitral …ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.”.
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La lectura detenida del artículo V (1)(e) de la Convención de Nueva York permite identificar distintos elementos necesarios para entender la trascendencia de los laudos arbitrales y la herramienta que significa, en pro del arbitraje, dicha Convención.Įl artículo V (1) establece los supuestos únicos por los que la autoridad ejecutante podrá denegar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, a petición de parte contra quien se invocó, con la carga de la prueba de acreditar la actualización de alguno o algunos de esos supuestos.
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